Existe al respecto un amplio consenso entre los agentes que participan en los mercados, especialistas, académicos y miembros de cámaras o asociaciones de la industria que integran el sector de telecomunicaciones en México. Así, desde la fase de monopolio estatal hasta su privatización y entrada de nuevos competidores, pasando por la creación y posterior reforma del cuerpo institucional y normativo, la regulación ha sido escasamente eficaz para reducir la desproporcionada participación de mercado del operador incumbente, hoy denominado preponderante.
De acuerdo con opiniones vertidas en la consulta pública Consulta Pública sobre Preponderancia en Telecomunicaciones realizada por el IFT finalizada en junio del año pasado, a pesar de contar con mecanismos de regulación asimétrica para reducir la excesiva participación de mercado del AEP-T, son mínimos los avances en la consecución de un terreno balanceado para la competencia.
¿A qué es atribuible este escenario tan distante de los objetivos y expectativas del proceso de Reforma de junio de 2013?
Se trata de dos factores principalmente, del cumplimiento parcial de las medidas de regulación asimétrica de preponderancia por América Móvil y de una aplicación insuficiente por parte del órgano regulador.
Es la opinión de los operadores competidores que la fórmula de preponderancia ha resultado ineficaz para alcanzar su propósito, por lo que sugiere enfatizar, ajustar y adicionar medidas asimétricas al AEP-T.
Concretamente, 68% de las opiniones analizadas se pronuncia a favor de continuar con la regulación asimétrica de preponderancia en telecomunicaciones y recomiendan garantizar el cumplimiento de ofertas de referencia de servicios mayoristas (e.g. ofertas de compartición de infraestructura y desagregación de la red local), así como se propone que el IFT establezca las tarifas de estos servicios aplicables a los operadores competidores ‘ex-ante’.
De acuerdo con un nuevo cálculo reciente que toma como base la estimación de pérdidas en bienestar social a causa de la falta de competencia elaborado por la OCDE, en promedio en el 2016 existía una pérdida de bienestar social equivalente a 1.125 puntos porcentuales del PIB a causa de la baja competencia en el sector. Si consideramos que las medidas de preponderancia son las que deberían corregir estas ineficiencias, se puede concluir que la ineficiente aplicación de estas medidas ha causado una pérdida en bienestar social de 208.2 mil millones de pesos.
Adicionalmente, opiniones vertidas apuntan, por ejemplo: extender el plazo de revisión de la preponderancia, limitar la concentración de espectro radioeléctrico para el AEP-T, mantener la asimetría de obligaciones entre los operadores competidores y el AEP-T (e.g. en materia de tarifas de interconexión) o incluso desregular a los primeros, la implementación de un Sistema Electrónico de Gestión (SEG) por el AEP-T, así como que se propone la desagregación de visitas de verificación o mantener la asimetría de visitas con respecto al AEP-T.
Es importante aquí no caer en la confusión de que por el hecho de que hoy existe un mayor número de ofertas más homogéneas en términos de precios, canastas de servicios, cobertura y calidad, ello sea equivalente a haber alcanzado el plano competitivo buscado.
Un verdadero entorno competitivo consiste en aquel en el que no sólo los competidores cuentan con ofertas de servicios similares, sino aquel en el que acceden en condiciones homogéneas a insumos y cuentan con una capacidad tecnológica y económica equilibrada para proveer servicios entre la población. Las medidas regulatorias de preponderancia precisamente buscan nivelar las condiciones de oferta de servicios para los operadores.
Por lo tanto, es fundamental que el órgano regulador tome en cuenta estas consideraciones sobre la implementación eficaz y oportuna de las opiniones vertidas sobre la efectividad de la preponderancia en telecomunicaciones.
No a la luz de los escasos avances descritos en esta materia para periodos recientes. De ninguna manera podemos hablar de competencia efectiva en el corto plazo.
No a más de dos décadas de la creación de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995 y desafortunadamente tampoco a partir de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones de 2013 que redundó en la Regulación Asimétrica de Preponderancia.
Redacción C21